Para acercarnos a las dilucidaciones vinculadas a la delincuencia juvenil, las enlazamos a los delitos cometidos por los jóvenes, conductas contrarias al derecho a las que, por lo tanto, les corresponde un castigo de acuerdo a lo estipulado por la ley. Los adolescentes que cometen hechos delictivos son personas, sujetos a derechos y deberes, de manera que deben ser responsables de su conducta social negativa. Con ella se afectan a sí mismos, a su familia y al resto de la sociedad, además de estar limitando su crecimiento en libertad, e interrumpen la armonía social necesaria para que en Guinea Ecuatorial prospere una vida con seguridad.
Para analizar integralmente la situación de la delincuencia juvenil, es necesario que lo hagamos con el conocimiento del conjunto de causas que la generan; solo así actuaríamos en consecuencia con la verdad, con la reducción y con la posible solución del problema a mediano y largo plazo. Soy consciente de que toda acción trae una reacción; queremos prevenir esta acción negativa de los delincuentes juveniles ecuatoguineanos, ya que tenemos fe en nuestros semejantes, obra y creación de Dios. Conozcamos las causas y actuemos en sociedad para prevenirla, de manera que esta sea nuestra herencia intergeneracional en el siglo XXI. "Juventud, divino tesoro."
Partiendo así de la génesis de la delincuencia juvenil y continuando con la multicausalidad de la misma, señalamos que hay, entre otras la ausencia de una política de Estado definida con programas y acciones de predicción y prevención de actos delictivos de los adolescentes, identificar el perfil de los jóvenes infractores y su asociación a factores de riesgo para conductas delictivas, reseñar las características, alcances y resultados de las políticas y acciones implementadas por las comunidades y estamentos públicos y privados para contrarrestar la delincuencia juvenil, delimitar mediante un trabajo colaborativo -intersectorial y comunitario- liderado por la policía nacional, las líneas de acción para el diseño e implementación de programas, planes y estrategias de atención, prevención y control de la delincuencia juvenil en contextos de alta vulnerabilidad. Dichas políticas sociales han de tener su base en el fortalecimiento de la familia, como principal y columna vertebral; en ese caso es indispensable reducir las grandes tasas de paro y desempleo que hay en el país, a fin de que éstas puedan disponer de los recursos básicos para la manutención de los sujetos objeto de éste artículo.
Otras de las causas es la desintegración o falta de patrones y roles dentro de la familia. El modelo familiar autoritario ha sido sustituido por el contrario, por el modelo permisivo. Coinciden ambos en su inhabilidad para fijar adecuadamente límites, el primero se excede en la forma y cantidad, y el segundo no llega: bien por dejación y absentismo, bien por criterio erróneo -el padre que persigue la ilusoria amistad del hijo y acaba siendo rehén de sus caprichos y frustraciones-. El fortalecimiento de la familia pasa por destinar presupuestos a la protección de la infancia vinculadas con la protección de la familia, especialmente cuando está en situación de precariedad social.
La educación y, dentro de ella, la autoridad de los profesores, debe ser reforzada. Como Erasmo mantenía, «la principal esperanza de una nación descansa en la adecuada educación de su infancia». Proclamó Beccaria en su Tratado de los delitos y de las penas, que «finalmente, el más seguro, pero más difícil medio de evitar los delitos, es perfeccionar la educación...». Como segunda instancia educativa, la escuela no puede ceñirse a la transmisión de conocimientos; ha de transmitir también valores cívicos y democráticos, generar autoestima y proporcionar recursos para abordar la realidad. Se hace patente la necesidad de prestigiar la autoridad de padres y maestros como personas que no sólo trasmiten la vida y/o el conocimiento sino que abren vías a la autonomía y a la creatividad de buscar y adquirir ese conocimiento de forma autónoma. Y en este sentido, el maestro no puede estar privado de una mínima capacidad para fijar consecuencias adversas ante comportamientos incorrectos. Debe ser investido de autoridad con recursos (aumento salarial, entre otras dotaciones) para prevenir y evitar la disrupción en el aula y solucionar por sí mismos los problemas sin recurrir a derivaciones en cadena.
Los servicios sociales en nuestro caso deberían existir. Son necesarias medidas preventivas: deben seguirse políticas sociales tendentes a poner fin a los focos de marginalidad. Los programas de prevención primaria destinados a proporcionar un apoyo temprano a los niños y sus familias han tenido un éxito notable en la prevención de la delincuencia. Los servicios de salud mental deben también ser fortalecidos. En ocasiones, lo prioritario es prestar atención a las necesidades psiquiátricas y psicológicas del menor infractor, sujetándolo a programas que aborden sus disfunciones psíquicas o sus procesos adictivos en el contexto estructurado del internamiento o aprovechando las condiciones de su entorno.
Con todo, debemos constatar que el delito, como comportamiento desadaptado, nunca podrá ser completamente erradicado, ni entre los adultos ni entre los menores. Para este suceso, debe endurecerse las medidas y sentencias judiciales y que adopten firmeza con su posterior cumplimiento. El exceso de otorgamiento de la libertad con fianza y las libertades provisionales, así como el ‘mercadeo y trapicheo entre las autoridades militares de nuestras cárceles y los delincuentes reincidentes y la ilustración de esos últimos en las pantallas de televisión, no son medidas ni actitudes que ayudan a paliar esta lacra, sino aumentarla cada vez más y se dan los índices que se registran hoy en día.
Nuestro sistema judicial (juzgados y comisarías) deberían tomar conciencia de que directa, o indirectamente con sus acciones contribuyen a la proliferación de ésta problemática priorizando el lucro ilícito en beneficio propio olvidando el perjuicio que dicha práctica implica en la sociedad cuando les dejan a los delincuentes campar a sus anchas sembrando terror en la población.
En todo caso el Código Penal, como catálogo de reacciones frente al delito siempre será necesario. No obstante, dicho recurso debe emplearse como último recurso. Debe en todo caso partirse de que si en general el Derecho Penal tiene como uno de sus objetivos el de lograr la reinserción del infractor, esta finalidad debe potenciarse con mucha más fuerza en el Tribunal de Menores recién establecido en el país, (aunque con un vacío legal en la inclusión de menores de 16 años en los centros de rehabilitación de menores sin ningún instrumento legal que lo avale), pues éstos deben disponer de recursos y de muchas más posibilidades a fin de que éstos jóvenes puedan ser recuperados para la sociedad porque al fin y al cabo tienen un menor grado de responsabilidad.
Escribe tu comentario